¿Quiénes somos?

Situación de partida

El Programa Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de Conflictos Sociales, FOSIT, fue acordado entre la República de Guatemala y la República Federal de Alemania durante las negociaciones intergubernamentales efectuadas en noviembre de 2012, para su implementación inicial en el año 2013. FOSIT, cuya contraparte política y principal ha sido el Ministerio de Gobernación, fue concebido con el propósito de contribuir con los esfuerzos del Gobierno de Guatemala para la implementación de las estrategias de seguridad ciudadana contenidas en el documento Pacto por la Seguridad, Justicia y Paz, oficializado en mayo de 2012,  este pacto fue complementado en mayo de 2014 con la aprobación de la Política Nacional de Prevención de la Violencia y el Delito, y con la elaboración de una Política Nacional de Diálogo por parte del Sistema Nacional de Dialogo.

Estas políticas y conceptos crean una base importante para la resolución de los problemas de violencia y conflictividad en Guatemala y como estructuras para la seguridad ciudadana deben contribuir a disminuir la violencia, al fortalecer el manejo no violento de los conflictos sociales y ambientales, y aumentar la transparencia. Para una implementación exitosa, es determinante el fortalecimiento de las estructuras del Estado, la coordinación y cooperación de actores estatales y no estatales, así como de los mecanismos de participación ciudadana de procesos políticos.

El Programa se inserta dentro del área prioritaria “Gobernabilidad con Equidad” de la GIZ, y su objetivo principal ha consistido en promover que el  “Estado, sociedad civil y sector privado implementan estrategias concertadas para el mejoramiento de las estructuras de la seguridad ciudadana.”.

Dos décadas después de la firma de los Acuerdos de Paz (1996), Guatemala ha tenido algunos avances, sin embargo, aún se considera el país más frágil de América Central y unos de los países más peligrosos del mundo, debido a la combinación de inestabilidad política, crimen organizado y altos índices delictivos.

Existen avances, pero aún insuficientes, en el desarrollo social y económico para todos los grupos sociales y para las poblaciones indígenas en particular. La corrupción a gran escala ha reducido al mínimo la confianza de la población en el Estado y el sector justicia. En 2015, una serie de escándalos de corrupción en los que se vio envuelta hasta la cúpula del Estado, motivaron el estallido social demandando transparencia, diálogo y democracia, aumentando la presión sobre el Gobierno; no obstante, tardan en llegar una reformas profundas. Y allí donde han podido introducirse nuevas medidas políticas, la cobertura es insuficiente para la implementación a nivel nacional.

Objetivo

Estado, sociedad civil y sector privado implementan estrategias concertadas para el mejoramiento de las estructuras de la seguridad ciudadana. En concreto, disminuye la violencia en la vida cotidiana, se resuelven conflictos sociales y ambientales sin violencia, aumenta la transparencia y con ella, la confianza en el Estado.

Procedimiento

Con el Programa FOSIT (Fomento de la Seguridad Ciudadana Integral y Transformación de conflictos sociales), la GIZ fomenta la prevención de la violencia, especialmente la ejercida contra niños y niñas, jóvenes y mujeres. El otro aspecto central consiste en evitar los conflictos sociales violentos.

A nivel nacional, el Programa asesora al Ministerio de Gobernación sobre estrategias de prevención de la violencia, así como, en lo concerniente a la cooperación con otras instituciones públicas. El programa apoya a actores estatales y de la sociedad civil, como ONG y asociaciones empresariales, en la construcción y el desarrollo de métodos y mecanismos de diálogo.

La implementación de las medidas se focaliza en los departamentos de Alta Verapaz, Baja Verapaz y El Quiché, los cuáles están conformados en su mayoría por población indígena maya.

Las redes locales de actores estatales y de la sociedad civil son un factor de éxito importante para gestionar de mejor manera la seguridad ciudadana.  Su aceptación  entre la población es un requisito previo para un diálogo entre todos los involucrados y la resolución constructiva de conflictos sociales. Por lo tanto, el Programa opta por la sistematización  de experiencias de transformación de conflictos  y buenas prácticas como base para estrategias de prevención comunitaria de la violencia desarrolladas conjuntamente por el Estado y la sociedad civil.

La sociedad civil así como diferentes asociaciones y grupos de interés, se fortalecen tanto en sus esfuerzos por un diálogo social inclusivo, como en su papel de coordinación. Redes conformadas por el Estado y la sociedad civil, como la Red Quiché y CM Tierras en Alta Verapaz, analizan previamente situaciones de conflicto y anticipan el diálogo.  Así la prevención de la violencia y la resolución pacífica de conflictos se convierten en tareas comunes de todos los grupos sociales  y étnicos.

Resultados

  • Desde 2014, existe por primera vez un marco de políticas nacionales de largo plazo para la prevención de la violencia. Una estrategia de implementación lo complementa desde 2017.
  • Entre 2013 y 2017, las agresiones físicas y los asesinatos han disminuido en las áreas del proyecto en un 16% y los delitos contra la propiedad, en más de 40%.
  • 37 comunidades han desarrollado planes para la prevención de la violencia.
  • El tema tabú de violencia contra la mujer se ha llevado a discusión pública a nivel nacional y local,  y se vinculó en los 37 municipios con las estrategias locales de prevención. Las autoridades locales tienen conciencia del problema y también a nivel nacional se percibe el tema con mayor fuerza.
  • Se han impulsado iniciativas locales para la regulación de expendios de bebidas alcohólicas, especialmente en jóvenes, han encontrado aceptación en los gobiernos locales.
  • Más de 400 funcionarios/as del sector público, policías, docentes,  actores y organizaciones de la sociedad civil y del sector privado han sido capacitados mediante cursos a distancia, seminarios y diplomados en técnicas para la transformación de conflictos y enfoques sistematizados para la prevención de la violencia. El módulo de formación para la prevención de violencia está siendo utilizado por otras instituciones y comunidades, y otros cooperantes como USAID.
  • Casi 2,300 mujeres, hasta ahora en doce municipios, han expresado de manera anónima sus experiencias de violencia y generado diagnósticos municipales, a través de la Campaña Cartas de Mujeres. El manual metodológico está siendo solicitado para su implementación por diferentes actores locales y utilizados por programas de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo –AECID.
  • Diversas instituciones estatales interactúan regularmente en un Sistema Nacional e Diálogo. Se fortalece la coordinación de instituciones, tanto del Estado como de la sociedad civil, en la respuesta a los conflictos sociales, mediante la práctica regular del diálogo entre todos los actores en situaciones de conflicto.
  • El Centro para la Acción de la Responsabilidad Social Empresarial en Guatemala (CentraRSE) ha desarrollado un programa de diálogo sostenible, que hasta el momento ha implementado metodologías de diálogo con alrededor de 300 participantes del Estado, la sociedad civil y el sector privado.
  • Instituciones estatales y la organización no gubernamental Acción Ciudadana (AC), capítulo guatemalteco de Transparencia Internacional, han formado una Alianza Nacional por la Transparencia. Un proyecto piloto local para la transparencia, lanzado conjuntamente con el Procurador de los Derechos Humanos, ha suscitado un gran interés en otras comunidades.
  • Estado, sector privado y sociedad civil de Guatemala trabajan juntos de forma exitosa en el estándar Iniciativa para la Transparencia de las Industrias Extractivas (EITI). Este constituye un modelo importante para el diálogo constructivo y pacífico de diferentes grupos de interés.
  • Con la asistencia técnica de un cooperante  GIZ en Acción ciudadana, se han desarrollado una serie de actividades que contribuyen a la lucha contra la corrupción y el enfoque de cumplimiento, que centran la atención en las causas principales del descontento ciudadano hacia el Estado y sus instituciones.